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El deterioro de las vías de transporte y los problemas energéticos afectan a una de cada 10 industrias. Costos logísticos elevados y pérdidas por cortes en el suministro afectan la competitividad y dificultan el acceso a los mercados. Las obras frenadas por falta de fondos públicos, una bomba de tiempo para la administración Macri.
Un fabricante de maquinaria agrícola en la provincia de Santa Fe debió suspender el año pasado su actividad durante casi una semana, por el anegamiento de la ruta que impidió tanto el ingreso y salida de mercadería, como la concurrencia de los trabajadores. Un desarrollador de software de la ciudad de Buenos Aires pasó de la euforia a la depresión al perder un contrato con un cliente Sueco tras los cortes de luz que retrasaron la entrega del proyecto.
Los problemas de infraestructura básica impactan al 10% de las industrias, según un informe de la Fundación Observatorio Pyme publicado en 2015. El déficit energético y los cortes en el suministro afectan en mayor medida a aquellas empresas con procesos productivos continuos.
El problema se ve agravado por la virtual parálisis en las obras públicas (caminos, viviendas, escuelas, cloacas, acueductos), que denunciaron a fines de enero gobernadores de todo el país en su primera “reunión federal” con el presidente Mauricio Macri. Según los mandatarios provinciales, el retraso en el giro de fondos nacionales para obras públicas comenzó en setiembre de 2015, durante la gestión anterior.
En algunas provincias, como Chaco, Tucumán y Santa Cruz, la situación es acuciante y generó pérdidas de empleo en la construcción. Según la cámara del sector (CAC), la deuda impaga por obras públicas ronda los $ 45.000 millones, y se necesitaría un flujo de $ 12.000 millones mensuales para mantener la actividad.
El déficit de infraestructura es un problema de larga data en Argentina y afecta a todos los sectores productivos, pero con importantes diferencias a nivel territorial. Mientras las industrias en el área metropolitana (ÁMBAR) sufrieron en 2014 un promedio de 7 cortes sorpresivos con duración mayor a media hora, en el NEA ese tipo de episodios ocurrieron 32 veces en promedio y representaron una pérdida del 5% de las ventas anuales.
En tanto, las deficiencias en el suministro de agua potable afectan a 9 de cada 10 pymes manufactureras. Y el mal estado de las rutas entorpece la producción de un 22% de las firmas, dado que aumenta la tasa de ausentismo y se retrasa la salida de pedidos y llegada de insumos luego de lluvias y otros fenómenos meteorológicos extremos. Concretamente, las inundaciones afectaron a un 18% de las industrias en 2014, principalmente en la zona metropolitana y el Litoral.
Además, 2 de cada 10 firmas sufrieron algún episodio delictivo como robo de mercaderías dentro de su establecimiento o durante su traslado, lo que encarece aún más los costos, al obligar a las empresas a contratar servicios de seguridad privada para custodiar plantas y flotas de transporte.
Baches en el camino
A la hora de analizar la pérdida de competitividad de las empresas, “gran parte de los factores están afuera de la planta”, señala Pablo Dragún, del departamento de Estudios Económicos de la UIA.
De acuerdo al “plan nacional de transporte” elaborado por la entidad, los gastos logísticos representan hasta un 22% del valor de los productos argentinos, mientras en países de la región como Chile y Brasil alcanzan al 12 y 13% respectivamente, y en Estados Unidos, al 8%.
En tanto, el costo de la energía representa un 6% del valor de los productos según estimaciones de la Fundación Observatorio Pyme (antes de los ajustes tarifarios anunciados recientemente), pero su falta o suministro deficiente representan pérdidas importantes, difíciles de estimar.
El déficit energético y de infraestructura vial, impactan en forma directa, pero también las falencias de infraestructura social básica. “La inversión en vivienda, salud y educación mejoran el desarrollo humano de quienes conforman las empresas, haciéndolas más productivas”, destaca el ingeniero Fernando Lago, director del Área de Pensamiento Estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
La entidad elaboró un documento “Pensar el futuro: construcción y desarrollo 2016 – 2025”, en el que propone un plan de obras para paliar el déficit de infraestructura. Con una inversión del orden del 2, 3% del PBI en Energía y del 1,26 % en Transporte, se crearían además, 210.000 empleos directos.
El plan incluye mejorar las redes de distribución y aumentar la incidencia de fuentes energéticas limpias, a tono con la nueva Ley de Energías Renovables, que extiende hasta el 2017 el plazo que vencía este año para lograr que un 8% de la matriz nacional eléctrica sea provista por fuentes renovables (en la actualidad ese porcentaje no alcanza al 1,5%), y llegar al 20 % en el 2025.
No perder el tren
En cuanto a transporte y logística, la CAC sugiere “triplicar el volumen de cargas transportadas por ferrocarril (la opción más sustentable, tanto desde el punto de vista económico como ambiental, sobre todo en distancias mayores a los 300 km); adecuar la red vial nacional según los niveles de tránsito registrados, y potenciar el transporte fluvial, mejorando su normativa y la operatoria portuaria”.
Las economías regionales son las más golpeadas por el déficit de infraestructura. Basadas en actividades agroindustriales que se localizan fuera del área pampeana y no forman parte de las exportaciones tradicionales, tienen un peso menor en el PBI argentino pero resultan clave para los ingresos y el empleo en las provincias, ya que son intensivas en mano de obra.
Un informe de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) sobre la crisis de los productores regionales advertía el año pasado que el aumento de los costos logísticos y la falta de oferta energética, entre otros factores, “ponen en riesgo 900 mil empleos”.
Al ex titular de la UIA y diputado por el Frente Renovador José Ignacio De Mendiguren le gusta ilustrar el problema de los sobrecostos logísticos con el siguiente ejemplo: “Sale más caro llevar un cargamento de porotos desde Salta a Buenos Aires por camión, que hacerlo desde el puerto porteño a al de Roterdam por barco”.
En el país, el 84% de las cargas se trasladan por camión y sólo un 10% por ferrocarril, según el trabajo “Bases para un plan nacional de transporte”, desarrollado por la entidad industrial.
La bolsa de Comercio de Rosario calculó el año pasado que transportar cereales a una distancia de 320 kilómetros en Argentina es 84% más caro que hacerlo por la misma vía en Estados Unidos. El costo operativo del transporte vial aumenta según las características del camino. Según Vialidad Nacional, circular por ruta de dos manos es un 16,6% más caro que hacerlo por autovía; por ripio es 38,8% más caro y por tierra 85% más caro.
Desde la CAME, la propuesta para mejorar la competitividad industrial incluye: aumentar y diversificar la oferta energética y garantizar su abastecimiento; reparación y construcción de rutas y caminos, fomentar el ferrocarril, creación de puertos secos y estaciones de transferencia multimodales, y el dragado y puesta en valor de la Hidrovía.
Un estudio del BID de 2008 señala que una reducción del 10% en los costos logísticos permitiría aumentar las exportaciones argentinas 30% por la ampliación de la zona agropecuaria competitiva y la reducción de los costos.
La reactivación del ferrocarril Belgrano Norte fue uno de los ejes de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.
Las propuestas están, el desafío es poner en marcha las obras.
Los Andes
23/02/2016