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El cierre de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires) se acerca y los ofrecimientos de “retiros voluntarios” a los trabajadores salieron a la luz. Se sabía que la propuesta era la del pago de la indemnización correspondiente, más un plus del 20%. Además, se sostendrán los servicios de la obra social IOMA, hoy con grandes deudas a las clínicas privadas provinciales, por dos años después de firmado el retiro.
La cláusula 7 del “acuerdo” sostiene que “el contratado manifiesta que la firma del presente implica la renuncia a reclamar a la empresa o al Estado provincial por ningún concepto emergente de la relación entre las partes (…), renunciando irrevocablemente a todo derecho”. Este punto viola un derecho fundamental de la legislación laboral que es el principio de irrenunciabilidad, a partir del cual es trabajador está imposibilitado de privarse de las garantías que le ofrecen las normas laborales.
Sobre esto, la abogada que ofrece asesoramiento a trabajadores de Ferrobaires, Ester Raquel Chazarreta, puso como ejemplo que si en el IPS no constan los aportes realizados por la empresa a sus trabajadores, estos no podrán demandar a la empresa Ferroviaria, por lo dispuesto en la cláusula 8 de “retiro voluntario”. Así, el trabajador renunciaría a sus derechos.
A raíz de este articulo muchos trabajadores que han solicitado sus aportes al IPS, se han encontrado con trabas por parte del organismo y otros que si lo han obtenido tuvieron la sorpresa de ver como muchos años la empresa no s los había registrado.
Además, en la misma cláusula 7, en su último párrafo, dice que la firma del “acuerdo” “conlleva que por un plazo de cinco años el contratado no podrá reincorporarse en cualquiera de los regímenes comprendidos en la Administración Pública Provincial”. Es decir, la Provincia obliga a quienes firman el acuerdo a no trabajar en el Estado por ese lapso de tiempo. Aquí, según Chazarreta, se viola el artículo 14 de la Constitución Nacional, es decir, se cercena el derecho al trabajo.
Más allá de lo legal, quitar la posibilidad de trabajar en el Estado al mismo tiempo que se deja sin trabajo a operarios ferroviarios, con decenas de años de antigüedad, es desconocer las posibles salidas laborales que existen en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Por último, la cláusula 9 establece que “las partes acuerdan en referencia a los honorarios profesionales del abogado interviniente, son bajo exclusivo costo de el contratado, eximiendo expresamente a la empresa de cualquier honorario originado por dicho acuerdo”. Una trabajadora ferroviaria de 25 de mayo dijo a Política & Medios que “ese plus del 20% que nos dan se lo terminamos pagando al abogado”.
El lunes 26, diputados provinciales del Frente Para la Victoria se reunieron en 25 de Mayo con los trabajadores afectados por el cierre de Ferrobaires. A la salida del encuentro, uno de los presentes, el legislador Miguel Funes, contó a Política & Medios que “el acuerdo que le ofrecen es una incongruencia y un mamarracho jurídico del gobierno de María Eugenia Vidal”.
De esta forma, a dos semanas del cierre definitivo de Ferrobaires, dipuesto en el decreto 1100, firmado por la Gobernadora el 22 de enero, muchos trabajadores de diferentes ciudades ferroviarias se ven obligados a firmar un “régimen de retiro voluntario” que viola derechos fundamentales del trabajador.
25 DIGITAL
27/02/2018